El Open Banking presenta uno de los modelos actuales más novedosos del sistema financiero, pues propone aumentar el flujo de información entre entidades financieras para robustecer la competencia en el sector, con el fin de ofrecer más y mejores servicios a los usuarios finales, a través del uso de datos agregados y transaccionales con interfaces de programación de aplicaciones (APIs por sus siglas en inglés).
De acuerdo a cifras de Juniper Research, en 2020 había un universo de 24.7 millones de personas usando servicios de banca abierta; sin embargo, estima que para 2026 esa cartera se expandirá a más de 132 millones a nivel mundial.
En México, la regulación del Open Banking (u Open Finance como aparece en la legislación mexicana) está establecida en lo general la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como ‘Ley Fintech’ y en lo particular por reglas secundarias delimitadas por circulares del Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que entraron en vigor en marzo y junio de 2020.
Nick Grassi, Co-CEO de Finerio Connect, startup mexicana de finanzas integradas señala que el Open Banking surge con la idea de fomentar una transparencia antes impensable de información para que la industria florezca en su conjunto y, más importante aún, para que esto encalle en clientes mucho más satisfechos y con sus necesidades individuales bien atendidas por las instituciones financieras. “Pero para que ello funcione, es necesario tener claridad desde las leyes”.
Para el Co-CEO de Finerio la actual legislación mexicana tiene algunas deudas con el ecosistema, en particular respecta a los datos transaccionales, es decir, la información referente a las transacciones y movimientos financieros de los usuarios. Esta data es relevante, ya que de hacerse pública, bajo el consentimiento de los usuarios, permitirá a las instituciones financieras el desarrollo de una mayor oferta de productos y servicios, más personalizados, y por ende, más útiles y accesibles para los mexicanos.
No obstante, la publicación de las primeras reglas secundarias del Open Banking han traído beneficios que hoy son evidentes, en particular en tres esferas:
Información para todos. “La base del Open Banking recae en aperturar la información del sector financiero. Esto implica que quede muy claro qué tipo de datos se mueven y cómo es que será el flujo de los mismos. Sobre todo, estableciendo criterios amplios de transparencia para todas las partes, entidades y clientes”, explica Grassi.
Al respecto, la circular de la CNBV ofrece un marco de operación para los datos abiertos, es decir, aquellos que no representan ningún tipo de información confidencial o individual de los usuarios. Se trata de información agregada que ayuda a las instituciones a identificar patrones de uso de productos y servicios y, a partir de ahí, afinar su oferta al público en general. Esta regulación busca privilegiar la dinamización de procesos, para evitar cuellos de botella y burocracia innecesaria.
Privacidad ante todo. Además de abrir los flujos de información, el Open Banking se enfoca ampliamente en proteger la privacidad de sus usuarios. “Las reglas secundarias en México han hecho un esfuerzo grande por lograr esto, separando claramente los datos financieros abiertos, los agregados y, más importante aún, los transaccionales”, comenta el Co-CEO de Finerio Connect.
La legislación actual pone particular énfasis en que la información transaccional de los usuarios sólo puede ser compartida mediante autorización expresa y se pone particular atención en mecanismos de seguridad en caso de que exista algún tipo de violación a bases de datos.
Interoperabilidad en el sector. El Open Banking depende de la cooperación en el sector financiero para poder ser exitoso. De tal modo, la circular de Banxico establece criterios de interoperabilidad de las APIs que utilicen todas las entidades financieras para el flujo de datos abiertos y agregados. Las reglas secundarias en este aspecto presentan las bases mínimas de tecnología que deben emplear para privilegiar la compartición efectiva y transparente de la información, así como los requisitos burocráticos que deben cumplir las instituciones frente al Estado mexicano para que se pueda proteger a los usuarios en cada parte del proceso.
Contenido generado por Apolo25
